La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de derechos humanos más persistentes y devastadoras en todo el mundo. Guatemala no es la excepción. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares (ENCABI, INE, 2023), una de cada dos mujeres guatemaltecas ha sufrido violencia en algún momento de su vida, reflejando una problemática que afecta a todos lo sectores de la sociedad y que exigen una respuesta contundente. 

El impacto de la violencia contra las mujeres se extiende más allá de lo individual; afecta a las familias, comunidades y al desarrollo del país en su conjunto. Las cifras evidencian la magnitud del problema: entre 2014 y 2019, la tasa de mujeres víctimas de violencia se mantuvo en 60 por cada 10,000, cifra que durante la pandemia por COVID-19 mostró un leve incremento, alcanzando 63 en 2021.

Los departamentos de El Progreso y Retalhuleu presentan las tasas más alarmantes, con más de 100 víctimas por cada 10,000 mujeres. Además, el femicidio sigue siendo una de las expresiones más extremas de esta violencia, con 122 casos registrados en 2023, una cifra que, lejos de disminuir, se mantiene constante desde 2019.

La violencia sexual y sus consecuencias

La violencia sexual constituye la forma más prevalente de agresión hacia las mujeres, afectando al 34.48% de ellas, seguida por la violencia psicológica (31.67%), física (18.14%) y económica (14.93%), según ENCABIH. Estas agresiones dejan profundas cicatrices en las sobrevivientes, muchas de las cuales enfrentan traumas prolongados, aislamiento y estigmatización, dificultando su recuperación e integración social.

La recolección sistemática y exhaustiva de datos permite obtener información para entender, reconocer y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

En el caso de niñas y adolescentes, la situación es aún más crítica. Cada año, más de 60,000 menores en Guatemala enfrentan embarazos, muchos de ellos producto de violencia sexual.

En 2023, 1,944 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, una cifra que ha mostrado un incremento preocupante desde 2020. Ellas se ven forzadas a asumir responsabilidades que les arrebatan su niñez y constituyen una clara violación de sus derechos humanos. Este fenómeno impone un alto costo al desarrollo de las niñas, sus comunidades y los municipios en los que ocurre, perpetuando el ciclo de pobreza y violencia que afecta a las generaciones futuras. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), solo el 2% de las adolescentes que quedan embarazadas logran continuar con su educación, y sus ingresos en la edad adulta son 30% menores en comparación con aquellas que se convierten en madres en etapas posteriores de la vida. Este fenómeno no solo afecta a las niñas, sino también al desarrollo económico y social del país.

Una respuesta integral para erradicar la violencia

Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es un desafío que requiere un compromiso integral y sostenidos de todos los sectores de la sociedad. En Guatemala, el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) 2020-2029 constituye una herramienta clave para abordar esta problemática de manera estratégica. Su implementación requiere de la articulación de esfuerzos y recursos entre actores gubernamentales, intergubernamentales y de la sociedad civil.

Transformar las normas para un futuro libre de violencia

Es imprescindible transformar las normas y actitudes que han perpetuado la discriminación y la violencia. Esto implica trabajar desde los hogares, las comunidades, las escuelas y los espacios laborales para promover valores de igualdad, respeto y justicia.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene entre sus principales objetivos erradicar la violencia y las prácticas dañinas que afectan a niñas y mujeres, como las uniones tempranas y forzadas y los embarazos en adolescentes. Para alcanzar esta meta, UNFPA centra sus esfuerzos en contribuir a garantizar acceso a servicios esenciales enfocados en las sobrevivientes de violencia. Asimismo impulsa estrategias de prevención y cambio de normas sociales de género, y contribuye a fortalecer los sistemas de información y análisis estadístico relacionados con esta problemática.