Guatemala ha logrado impulsar un ambiente político favorable para promover la salud sexual y la salud reproductiva, con especial atención en la planificación familiar. Estos hechos relevantes incluyen Acuerdos de Paz de 1996, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), la Plataforma de Acción de Beijing, así como avances que han impulsado mediante la incidencia política del movimiento de mujeres, con apoyo de la cooperación internacional, UNFPA, USAID y el Sistema de Naciones Unidas. Todo esto dio lugar a un consenso entre los grupos más diversos e influyó favorablemente en la política gubernamental. En 2001, el Congreso respondió aprobando la Ley de Desarrollo Social, decreto 42-201 que constituye el marco jurídico para los demás temas de la dinámica de la población y el desarrollo, el cual incluye la salud sexual y la salud reproductiva.