En la última década, América Latina y el Caribe ha progresado modestamente en la reducción de las muertes maternas. Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 hace peligrar estos avances e incrementado el número de muertes maternas en exceso reportadas. Miles de mujeres siguen muriendo en la región por causas prevenibles y muchas otras sufren complicaciones que afectan su salud en el largo plazo. Estas mujeres tienen rostro: son las mujeres indígenas, las afrodescencientes, aquellas con bajos ingresos y con menor escolaridad, son las adolescentes y las jóvenes. Y junto a estas mujeres, que ven vulnerado su derecho a la salud y a la vida, miles de familias y comunidades sufren perdidas emocionales, sociales y económicas.
Transformar esta realidad requiere voluntad política, acciones coordinadas en distintos niveles, vinculación de nuevas voces y actores en la lucha por el acceso y la cobertura universal en salud materna y salud sexual y reproductiva, y priorización de inversiones. El papel del GTR en esta transformación ha sido, es y seguirá siendo fundamental. Ya en el 2003, con el “Consenso estratégico interagencial para la reducción de la morbilidad y mortalidad en América Latina y el Caribe”, avalado por los gobiernos de la región, el GTR logró reunir pautas consensuadas, con base en la evidencia disponible, que tuvieron por objeto guiar las acciones durante el período 2004-2014. Más recientemente, en el 2018, el GTR consolidó información sobre las tendencias de la región, a través de la publicación “Panorama de la Situación de la Mortalidad y Morbilidad Maternas: América Latina y el Caribe”. Pasados tres años, y como respuesta a nuevas estimaciones desalentadoras y a los desafíos impuestos por la pandemia de la COVID-19, el GTR renueva su compromiso, lanzando el “Consenso Estratégico Interagencial para la Reducción de la Morbi-mortalidad Materna: orientaciones estratégicas para el decenio 2020-2030”.
Desde el GTR tenemos la certeza de que este Consenso facilitará la labor de decisores políticos, gobiernos nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y otras agencias e instituciones, al momento de determinar las inversiones prioritarias para acelerar los logros en materia de salud materna y salud sexual y reproductiva y, en particular, al asegurar que estos avances alcancen a todas las mujeres, en particular a aquellas que han quedado atrás y que han visto socavados sus derechos como producto de las profundas inequidades y desigualdades que persisten en la región.
