Con el lema de Planificación Familiar: empoderando a las personas, desarrollando a las Naciones, Guatemala conmemoró el Día Mundial de la Población 2017. En el conversatorio realizado, participaron el Viceministro de Política Estratégica y Desarrollo Institucional, Señor juan Carlos Verdugo; Doctora Marta Julia Ruíz del Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR; Kendra Avilés, Coordinadora del Programa de Incidencia Política de IncideJoven y la Representante de País de UNFPA, Verónica Simán.

Esta actividad permitió valorar el un marco jurídico para el acceso universal a los servicios de Planificación Familiar, políticas y leyes puestas en vigor a lo largo de los últimos 25 años, que garantizan el derecho a la planificación familiar. A pesar de estos avances, se mantienen brechas de desigualdad especialmente para las adolescentes y jóvenes, indígenas, rurales y con menor acceso a la educación.

Un poco de Historia:
A raíz de una serie de eventos de la vida nacional y del contexto internacional, Guatemala logró impulsar un ambiente político favorable para promover la salud sexual y la salud reproductiva, con especial atención en la planificación familiar. Estos hechos relevantes incluyen los Acuerdos de Paz de 1996, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), la Plataforma de Acción de Beijing, y la incidencia política del movimiento de mujeres, con apoyo de la cooperación internacional, UNFPA, USAID y el Sistema de las Naciones Unidas. Todo esto dio lugar a un consenso entre los grupos más diversos e influyó favorablemente en la política gubernamental. En 2001, el Congreso respondió aprobando la Ley de Desarrollo Social, decreto 42-201, que constituye el marco jurídico para los temas de la dinámica de la población y el desarrollo, el cual incluye la salud sexual y la salud reproductiva.
Posteriormente se aprobaron la Ley Las mujeres indígenas son afectadas en mayor medida que las mujeres no indígenas por la mortalidad materna y la mortalidad de sus hijos e hijas recién nacidos; tienen menor acceso a la educación, a los servicios de salud en su idioma y respetando su cultura; al empleo remunerado; así como menor acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la planificación familiar.

En 2004, se decretó la Ley del Impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas (Decreto 21-2004) que establece al menos 15 por ciento de los recursos recaudados por la aplicación de este impuesto, se destinará a los programas de Planificación Familiar y Salud Sexual del Ministerio de Salud, así como a la prevención del alcoholismo.

En el año 2006, con la aprobación de la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar (Decreto 87-2005), el Estado asumió la responsabilidad de garantizar los recursos financieros necesarios para adquirir y abastecer los anticonceptivos a nivel nacional incorporar y actualizar periódicamente los contenidos de Educación en Sexualidad, por parte del Ministerio de Educación, incluyendo los derechos y responsabilidades en la promoción y cuidado de la salud, la sexualidad, así mismo la prevención de los embarazo tempranos y no planificado.
En 2010 se aprobó la Ley para la Maternidad Saludable (Decreto 32-2010) con cinco principios rectores: gratuidad, accesibilidad, equidad, respeto a la interculturalidad y sostenibilidad. El Artículo 27 de esta ley reformó el Decreto 21-2004, estableciendo que, de la asignación del
15 por ciento para los programas de salud reproductiva, un mínimo de 30 por ciento se destinará a la compra de anticonceptivos. Esta ley, además, señala que el incumplimiento de las disposiciones tiene sanciones penales, tanto para los funcionarios y empleados públicos, como para los proveedores de servicios y los esposos o convivientes que impidan el acceso al uso de anticonceptivos.

La Ley de Compras y contrataciones del estado, decreto del Congreso de la República 19-2010, permite al MSPAS comprar anticonceptivos a través del UNFPA o cualquier otra institución internacional que ofrezca los precios más favorables, lo cual es ratificado anualmente en la ley general de presupuesto.

Algunos de los avances de este período son:
• Aumento del uso de métodos anticonceptivos modernos
• Disminución del número de hijas e hijos que tiene cada mujer
• Disponibilidad de datos para conocer brechas en el acceso a los métodos anticonceptivos por grupos de la población.