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En el Día de la Cero Discriminación de este año, ONUSIDA destaca la necesidad urgente de actuar para poner fin a las desigualdades de ingresos, sexo, edad, estado de salud, ocupación, discapacidad, orientación sexual, uso de drogas, identidad de género, raza, clase, etnia y religión que siguen existiendo en todo el mundo.
 
La desigualdad está aumentando para más del 70% de la población mundial, lo que agrava el riesgo de división y obstaculiza el desarrollo económico y social. Y la COVID-19 está afectando con mayor dureza a las personas más vulnerables. Incluso cuando se dispone de nuevas vacunas contra la COVID-19, existe una gran desigualdad en el acceso a las mismas. Muchos han equiparado esta situación con el apartheid de las vacunas.
 
La discriminación y las desigualdades están estrechamente relacionadas. Las formas de discriminación interconectadas – ya sean estructurales o sociales – contra individuos y grupos pueden conducir a una amplia gama de desigualdades, por ejemplo, en los ingresos, los resultados educativos, la salud y el empleo. Sin embargo, las propias desigualdades también pueden dar lugar a la estigmatización y la discriminación. Por lo tanto, al tratar de reducir las desigualdades, es fundamental abordar la discriminación. Los miembros de las poblaciones clave son a menudo discriminados, estigmatizados y, en muchos casos, criminalizados y señalados por las fuerzas del orden. Estudios recientes han demostrado que esta discriminación social y estructural da lugar a importantes desigualdades en el acceso a la justicia y en los resultados relacionados con la salud.
 
Afrontar las desigualdades y acabar con la discriminación es fundamental para acabar con el sida. El mundo está lejos de cumplir el compromiso compartido de acabar con el sida para 2030, no por falta de conocimientos, capacidad o medios para vencer al sida, sino por las desigualdades estructurales que obstaculizan las soluciones probadas en la prevención y el tratamiento del VIH. Por ejemplo, investigaciones recientes muestran que los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen el doble de probabilidades de contraer el VIH si viven en un país con enfoques punitivos sobre la orientación sexual que si viven en un país con una legislación favorable. La Alianza Mundial de Acción para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionadas con el VIH ha identificado seis entornos principales en los que se producen el estigma y la discriminación y que crean o refuerzan la desigualdad: el sector sanitario, el sector educativo, el lugar de trabajo, el sistema judicial, las familias y las comunidades, y los entornos de emergencia y humanitarios.
 
La lucha contra la desigualdad no es un compromiso nuevo: en 2015, todos los países se comprometieron a reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero todavía no es un compromiso que el mundo haya cumplido. Además de ser fundamental para acabar con el sida, la lucha contra la desigualdad también promoverá los derechos humanos de las personas que viven con el VIH, hará que las sociedades estén mejor preparadas para vencer a la COVID-19 y otras pandemias y apoyará la recuperación económica y la estabilidad. El cumplimiento de la promesa de atajar la desigualdad salvará millones de vidas y beneficiará a toda la sociedad. Para ello, debemos hacer frente a la discriminación en todas sus formas.
 
Pero para lograr la dignidad para todas las personas, las políticas económicas y sociales deben proteger los derechos de todas las personas y prestar atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas y marginadas.
 
Acabar con la desigualdad requiere un cambio transformador. Hay que redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre y es necesario invertir más en sanidad, educación, protección social y empleos dignos.
 
Los gobiernos deben promover un crecimiento social y económico inclusivo. Deben eliminar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades.
 
Pero todos podemos desempeñar nuestro papel denunciando la discriminación allí donde la vemos, dando ejemplo o defendiendo cambios en las leyes. Todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con la discriminación y reducir así las desigualdades.
 
No podemos lograr un desarrollo sostenible y hacer que el planeta sea mejor para todos si se excluye a las personas de la posibilidad de una vida mejor. En el mundo actual, todos estamos interconectados. La desigualdad global nos afecta a todos, sin importar quiénes somos o de dónde venimos.
 
Este Día de la Cero Discriminación únete a nosotros para concienciar sobre las desigualdades que impiden a las personas vivir una vida plena y productiva, y para exigir a los gobiernos que cumplan con sus compromisos y obligaciones para acabar con todas las formas de discriminación.
 
 
 

 

Elementos a destacar sobre contexto específico de Guatemala que indican inequidad:
 
  • Los resultados revelan que en Guatemala 61.6 por ciento de las personas viven en pobreza multidimensional, es decir, seis de cada 10 personas enfrentan privaciones en el 30 por ciento o más de los 17 indicadores ponderados relacionados a salud y seguridad alimentaria y nutricional; educación; empleo digno; vivienda y acceso a servicios básicos. Fuente: https://mppn.org/wp-content/uploads/2019/10/Guatemala-Report-IPM-gt_29jul19-v1.1.pdf
  • 59.3 por ciento de la población se encuentra en pobreza, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI)
  • los niveles de desigualdad en materia de ingresos en Guatemala siguen siendo preocupantes. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), “los ingresos del 1 por ciento más rico de los guatemaltecos, en 2006 y 2014, equivalieron aproximadamente a la suma de los ingresos del 40 por ciento de los guatemaltecos más pobres. https://guatemala.un.org/sites/default/files/2020-06/CCA%20completo%20FINAL_0.pdf
  • De acuerdo con datos del Censo 2018, las mujeres representan únicamente el 29.5 por ciento de la población económicamente activa del país, a pesar de conformar más de la mitad de la población total (INE 2019b). 06/CCA%20completo%20FINAL_0.pdf
  • La Constitución Política de Guatemala hace explícito que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. En los artículos 94 y 95 establece la obligación del Estado de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Sin embargo, en 2017 el gasto nacional en salud en el sector público representó poco más de 2 por ciento del PIB, de los cuales el Ministerio de Salud alcanzó menos de 1 por ciento, mientras que en el sector privado fue de cerca de 4 por ciento 06/CCA%20completo%20FINAL_0.pdf
  • En materia de VIH persisten retos en Guatemala para un acceso igualitario a servicios de prevención combinada, diagnóstico, tratamiento y cuidados. 32% de las personas que viven con VIH aún no conocen su estatus, mientras que un 42% de las personas con VIH aún no están recibiendo tratamiento antirretroviral. Al 33% de las mujeres embarazadas no les habían realizado la prueba de VIH y apenas el 53% de las mujeres embarazadas con VIH reciben tratamiento para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH. https://aidsinfo.unaids.org/
  • Guatemala requiere asegurar acceso a la vacunación contra covid-19 para todas las personas sin distinción alguna.
  • Retos en la igualdad de género debido al aumento de la violencia contra las mujeres, así como la incidencia de mujeres desaparecidas, el alto número de víctimas de trata, y delitos de explotación y violencia sexual. Otros factores:  El crecimiento en las tasas de femicidio, la violencia contra las mujeres trans, las uniones y matrimonios tempranos, y las violaciones e incestos que provocan embarazos forzados ; así como los altos índices de impunidad en la materia. 06/CCA%20completo%20FINAL_0.pdf
  • Persistente estigma, discriminación y violencia contra personas con VIH, personas LGBTI, mujeres trabajadoras sexuales, personas indígenas, personas migrantes, hacen más grandes las desigualdades alejando a estas poblaciones de los servicios básicos.
  • Ausencia de una política de protección social integral promueve la inequidad de acceso a servicios básicos para las personas más necesidades y en condiciones de mayor pobreza, poniéndolas en contextos de mayor vulnerabilidad.